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Organizaciones no gubernamentales y política de drogas

“Parece imposible, hasta que se hace.” Una de las frases más célebres atribuidas a Nelson Mandela puede aplicarse perfectamente al debate cada vez más consistente y riguroso que cuestiona la política prohibicionista de drogas en todo el mundo. En la maraña de cuestionamientos respecto al tema, uno en particular merece una reflexión más atenta: ¿por qué las organizaciones de derechos humanos deben actuar en este debate, y de qué forma?

Si en 1971 el entonces presidente estadounidense Richard Nixon anunciaba que “el enemigo público número uno de los Estados Unidos es el abuso de drogas”1 —momento que se considera como el hito inicial de la llamada “guerra contra las drogas”—, hoy un joven habitante de Denver, en el estado de Colorado, puede ir a la esquina y comprar legalmente hasta 28 gramos de marihuana al mes para su consumo recreativo. Si estuviera en San Francisco, California, desde 1996 podría usar marihuana medicinal para luchar contra los dolores crónicos.

¿A qué se debe que se estén produciendo tantos cambios, de modo relativamente rápido, no solo en Estados Unidos, sino también en países tan diversos como Portugal, Holanda, Finlandia, España y Uruguay, donde se han aprobado políticas en materia de drogas que avanzan en mayor o menor grado en dirección opuesta al prohibicionismo?

Resulta difícil esbozar una única respuesta que dialogue con tantas realidades distintas, pero parece cierto que, si buscamos un mundo cuyo eje principal se base en el respeto a los derechos humanos, el antiprohibicionismo debería ser el modelo de todos.

Algunas de las características intrínsecas a la lógica represora de la guerra contra las drogas son las violaciones de derechos de las comunidades afectadas por la violencia, el encarcelamiento masivo, la selectividad de la justicia penal, las prácticas policiales abusivas en las calles, la militarización de las políticas de seguridad y las deficientes políticas de salud.

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